Unión Europea: Se rearticula la política agraria europea

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Este año, la instancia europea para la agricultura, Política Agraria Común (PAC), cumplirá 56 años de su creación y deberá enfrentar fuertes desafíos que tendrá que resolver en el corto plazo.

Estos pasan principalmente por el fomento efectivo e institucional de la nueva agricultura con características de sostenible y por desarrollar medidas para aminorar el impacto de la ausencia de los productores y los mercados del Reino Unido, a propósito del Brexit.

Los latinoamericanos observamos con interés el proceso, porque a raíz de este nuevo escenario se pueden abrir o cerrar oportunidades para la llegada de nuestros productos a esos mercados. No sólo en cuanto a posibles nuevas barreras fitosanitarias, sino que a mayores exigencias de vinculación responsable con el medioambiente, u otras facetas observadas de los procesos productivos de la región.

Desde sus inicios, la PAC ha sido beneficiada con la asignación de las mayores partidas del presupuesto comunitario, aunque esta alta cifra de recursos ha disminuido, desde el 75%, que llegó a ser en años anteriores, a un 40% de los recursos con que cuenta en la actualidad. En el periodo de 2014 a 2020, los pagos directos destinados al fomento de la agricultura para la totalidad de la Unión Europea (UE), se sitúan en 298.000 millones de euros.

La Comisión Europea (CE), con sede en Bruselas, quiere disponer de esta elevada cantidad de recursos en sus políticas de seguridad, inmigración o empleo y para esto es que se ha convocado a una reforma importante en la política agrícola de la UE. Sobre todo cuando las contribuciones del Reino Unido al fondo, que ascienden a 3.400 millones de euros anuales, están destinadas a terminarse.

Bruselas propone un mayor equilibrio en su reparto en beneficio de las explotaciones pequeñas y medianas. Así evitar que un 20% de las siete millones de explotaciones cobre el 80% de los fondos, como sucede actualmente. Cada país tiene la posibilidad de limitar las ayudas que puede recibir una explotación hasta 150.000 euros y Bruselas plantea la posibilidad de fijar un rango entre los 60.000 y los 100.000 euros, o sencillamente no hablar de techos y señalar un cambio en el reparto en beneficio de los pequeños.

Entre otras exigencias, Bruselas apuesta por condicionar la asignación de fondos al respeto al medio ambiente; mayor inversión para nuevas tecnologías; impulsar el cambio de infraestructuras como vía para mejorar las rentas agrícolas; nuevos instrumentos financieros, nuevos mecanismos para la gestión de riesgos y especialmente, más apoyo para la incorporación de jóvenes al sector, ya que es sabido del envejecimiento del mundo agrícola europeo, en donde sólo un 6% de los agricultores tiene menos de 35 años.

En el futuro inmediato se señalará como prioritarios para cobrar estos fondos, a quienes tengan en la actividad agraria su forma de vida y quienes vivan de la agricultura como productores activos, vale decir, aquellos que por lo menos el 20% de sus ingresos provenga de la actividad agrícola.

Fuente: Martín Carrillo O. – Blueberries Consulting